Una posible estrategia en accesibilidad e inclusión para el Uruguay.

En el Uruguay, cuando hablamos de accesibilidad e inclusión No tenemos problemas de definición, tenemos una profunda brecha de implementación y sobre todo de fiscalización en cuanto a lo realizado, que se podría cerrar o al menos minimizar con una buena estrategia. Sin dudas no es fácil, pero es necesaria y sobre todo posible.

En la accesibilidad todos estamos de acuerdo en su importancia y necesidad y así lo hacemos constar en legislaciones, normativas, discursos, convenciones internacionales que consagran en el papel derechos y obligaciones para todas las personas, pero que fallan estrepitosamente en la acción para garantizar y fiscalizar sus alcances y logros.

Autor: Mag. Nicolás Raffo Menoni

Esa estrategia no puede ser desligada o desprenderse de la identidad, del ADN social y cultural de cada lugar. Tampoco puede estar desconectada de las posibilidades reales de cada lugar y esos detalles que parecen tan obvios, muchas veces parecen no ser tenidos en cuenta.

Cada lugar parte de una realidad económica, política, ambiental, cultural y social que marcan las posibilidades de acción.

Otra realidad imprescindible es la territorial. Todas las sociedades sin excepción se desarrollan en un territorio, y cada una de ellas tiene una realidad territorial diferente.

Pensemos en una ciudad o en un destino turístico y veremos que no todos son iguales. No es lo mismo una ciudad que se desarrolla en extensión u otra en la que se desarrolla por aglomeración o compactación. Tampoco es lo mismo un entorno urbano que uno rural. Esas realidades ofrecen diferentes oportunidades y desafíos a resolver.

El caso de Uruguay es de los que se desarrolla por compactación porque el 95% de su población se ubica aglomerada en las zonas urbanas y esta realidad es la que hay que gestionar.

Siempre menciono el ejemplo de Montevideo que es una ciudad de tamaño mediano, que tiene un territorio rural del 65% y un territorio urbanizado del 35% de la extensión del departamento y cuya población se ubica en su gran mayoría hacia la zona costera.

De 1.300.000 personas solo 50 mil viven en su zona rural y el resto, casi 1.250.000 viven en la zona urbanizada.

Esa distribución tampoco es uniforme, porque generalmente hay zonas donde se ubican personas de mayores recursos económicos y que cuentan con mayor acceso al desarrollo de servicios, que muchas otras que se ubican en zonas periféricas o asentamientos donde esos servicios se cuentan en menor cantidad y calidad, porque no han sido debidamente planificados y tampoco ejecutados o provistos.

Uruguay en base a cifras censales tiene actualmente en el entorno de 200 mil personas que viven en asentamientos, con unas 130 mil que se ubican en Montevideo.

Si miramos la realidad económica, tenemos en Uruguay 800 mil personas que viven con menos de $35.000, lo que en un país que se considera como caro para vivir, también marca un gran problema, porque el 51% de las personas asalariadas de nuestro país se ubican en esa franja sumergida de obtención de ingresos.

Por el lado de las pasividades, vemos que el Banco de Previsión Social (BPS) paga en el entorno de 850 mil pasividades al mes con ingresos promedios que rondan los $38,600 según el Observatorio de Seguridad Social y lo que nos habla de la cobertura a la que acceden las personas mayores de 65 años en nuestro país.

Y uno podría preguntar:

¿Qué tiene que ver eso con la accesibilidad y la inclusión?

Y la respuesta es simple.  Todo.

Porque es imposible desconocer que esa realidad incidirá fuertemente en cómo abordamos y como contextualizamos a la accesibilidad en nuestra sociedad.

La accesibilidad, el territorio y la pobreza asociada al ingreso están fuertemente ligados y vinculados. Ya ha sido abordada en diferentes momentos, como el denominado impuesto o triple sanción a las personas con discapacidad, ya que tienen menos acceso a la educación, con esto menos acceso a buenos empleos y pagan más caros servicios que necesitan y se ven como específicos o suntuarios.

Si bien por un lado tenemos una oportunidad real que es la de poder analizar, estudiar y abarcar a la accesibilidad en el territorio de una manera más fácil y compacta porque la mayoría de las personas están en un espacio relativamente pequeño, también tenemos el desafío de poder abordar y analizar esas desigualdades territoriales que están tan marcadas y presentes.

También tenemos que ser claros a la hora de saber que justamente es en los territorios menos desarrollados, como en sus zonas rurales o más alejadas, donde mayor prevalencia de inaccesibilidad o directamente falta de accesibilidad hay. Este punto nos cuestiona el carácter centralista que ha prevalecido en nuestro país a la hora de planificarse y desarrollarse, no como algo negativo, pero si como algo que debemos ser capaces de revisionar y cuestionar.

Las personas con discapacidad, provienen de las realidades señaladas precedentemente y entonces el abordaje que tendremos que hacer implica acciones y realidades diferentes para cada caso.

Si es más fácil mapear la presencia de las discapacidades en el territorio, si es posible comprender las necesidades puntuales y de todo tipo para cada caso y sin dudas las acciones tendrán que ser bien diferentes para cada particularidad.

Las tecnologías y avances disponibles podrían servirnos de apoyo y ayuda para generar sistemas de monitoreos permanentes de la accesibilidad y la discapacidad en nuestros territorios.

Tenemos antecedentes con el primer Plan de accesibilidad para Montevideo (2017) y que está en vías de ser actualizado como forma de poder tener acceso a información actualizada e incluso hay posibilidades de generar observatorios para la discapacidad que permitan manejar métricas e indicadores que a la fecha no existen o que al menos no están sistematizados.

Esto podría ser un claro ejemplo de gestión inteligente

En este contexto, la existencia y necesidad de políticas sociales y también institucionales se vuelven cruciales para que la discapacidad no termine siendo una sentencia.

Para los gestores, es necesario reconocer que los tenemos de diferentes tipos en el territorio como:

1. Gestores operativos y con poder de acción, que son los que efectivamente llevan adelante las acciones.
2. Gestores con poder de decisión, que son quienes tienen la potestad y la obligación de decidir que se hace.
3. Gestores multinivel o intermedios, que se ubican en puntos intermedios a los dos anteriores.

Gestores de opinión y de presión, que son los que se ubican en los propios territorios y zonas donde se quiere intervenir y que provienen de diferentes espacios como la ciudadanía, la academia, las instituciones barriales, etc

Todos son gestores pero sus potestades y capacidades de acción son diferentes.

Algunos tienen la potestad de hacer, con el conocimiento y apoyo técnico, pero hacen lo que deciden otros, los del segundo grupo, que generalmente tiene poder político, pero que muchas veces no está acompañado del conocimiento técnico, que sería lo ideal y necesario.     En el tercer grupo tenemos personas que ocupan puestos intermedios que pueden facilitar u obstaculizar el desarrollo de las acciones y en el cuarto grupo tenemos a todas aquellas personas que de una u otra manera tienen incidencia a la hora de permitir las acciones o no.

Desconocer esos roles es lo que explica muchas veces la brecha entre lo realmente logrado o no (para lo positivo y lo negativo).

Una estrategia para la accesibilidad debe contar con acciones a diferentes niveles y responsabilidades.

Tenemos acciones que competen a:

• Lo gubernamental, que involucra a lo respectivo a gobernar, definir leyes, normativas, hacer acciones concretas para ser ejemplo de implementación de la accesibilidad y sobre todo para fiscalizar los logros y también para establecer ámbitos de trabajo y discusión de la temática.
• Las propias personas con discapacidad, que serán quienes aportarán su mirada y saber a nivel de usuarios y beneficiarios de las acciones que deben hacerse y porque son quienes pueden definir las necesidades reales que tienen.
• Luego tenemos al ámbito privado o de los operadores, que son quienes generalmente llevan adelante las acciones que repercuten en gran manera en los servicios y productos disponibles en cada destino o territorio.
• La ciudadanía, que es quien debe hacerse participe como agente de presión y de cambio, y que no podrá serlo sin la debida concientización y capacitación sobre la temática. Esto implica ocupar lugares de participación activos y colectivos para poder incidir.

Una buena estrategia se define desde su punto inicial que debe estar marcado por un buen diagnóstico de situación inicial.

Nunca va a existir un mejor momento que ahora para hacer.

El tema está en la agenda social, está presente y asumido pero lo que tenemos que cambiar es la forma de hacer y para eso no queda otra que poder definir buenas

estrategias que marquen un camino posible y deseable en base a objetivos de logro, asignación de recursos y de responsabilidades, la definición de acciones concretas para alcanzar las metas previstas y con una serie de indicadores concretos que permitan evaluar para consolidar o mejorar lo realizado en base a su debida evaluación.

Tenemos que ser capaces de generar sinergias mucho más fuertes y concretas entre la gobernanta, los privados, la ciudadanía toda y la academia para generar un círculo virtuoso y efectivo de acción

Vinculado a la actividad turística, tendremos que ser capaces de generar acciones a lo largo de toda la cadena de accesibilidad y de valor de nuestra actividad, tratándolas como un todo divisible para el trabajo, pero indivisible en lo que respecta a sus logros y sinergias, para que la accesibilidad se convierta en un verdadero diferencial de competitividad y de calidad en las propuestas ofrecidas en nuestros destinos.

Autor

Para contactar a Mag. Nicolas Raffo o conocer más sobre su trabajo, puede escribirle a Nicoraffo74@gmail.com o por LinkedIn Nicolás Raffo Menoni

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