El impuesto a la discapacidad.

Cuando hablamos de discapacidad, tenemos que ser claros. Las personas con discapacidad no solo ven vulnerados sus derechos en forma permanente, sino que además sufren el cobro implícito de un “impuesto a la discapacidad”.

Este impuesto viene definido por el sobre costo que deben afrontar generalmente las personas con discapacidad por servicios y productos, que en los papeles tienen que ser accesibles e inclusivos, muchas veces por ley, pero que en los hechos, como se ven como algo diferente a lo habitual, terminan siendo cobrados más caros.

Autor: Mag. Nicolás Raffo Menoni

Este hecho puntual, está basado en que muchas veces quienes ofrecen estos servicios y productos, tienen que incurrir en mayores costos para su producción o disposición y porque es real que también por diversos factores, muchas veces esos servicios y productos tienen una menor demanda.

Lo de la menor demanda ocurre por diversos factores:

1. La mala información que hay para promocionarlos y difundirlos.
2. Esa difusión muchas veces se realiza en canales y formatos que no son los que necesitan las personas con discapacidad.
3. Porque muchas veces son productos y servicios escasos en los destinos donde se ofrecen.
4. Porque se ven y ofrecen como una excepción y no como debería ser la norma.
5. Porque esos servicios y productos se ofrecen como islas, fuera de cadenas de accesibilidad consolidadas y por eso las personas usuarias no los consumen o no pueden consumirlos o lo que es peor, se terminan pagando para saltarse los eslabones rotos de una cadena de accesibilidad que no es sólida.

Y ni que hablar la combinación de varios de ellos al mismo tiempo.

A estos inconvenientes podemos agregarle otros agravantes.

Por ejemplo que las personas con discapacidad, en Uruguay, si bien tienen derecho por ley a poder participar de la educación, derecho que está definido en el artículo 5 literal D de ley 18.651 – Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, en los hechos es real que alcanzan menores niveles de finalización de estudios que aquellas personas que no tienen discapacidad.

También se puede agregar que también tiene una ley de Promoción del trabajo, que es la ley Nro. 19.691, lo que en los hechos garantizaría el acceso al mercado laboral pero que en la práctica no acontece o terminan trabajando si, pero en puestos y lugares que no les permiten el desarrollo de todo su potencial.

No vayan a pensar que estos datos son sin sustento, porque tenemos un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del año 2024 que consigna en forma clara estas brechas salariales y educativas a nivel global.

Les dejo el acceso al informe en el siguiente Link:

https://www.ilo.org/es/publications/estudio-sobre-los-resultados-laborales-y-salariales- de-las-personas-con

Quieren un informe que hable de las brechas educativas, les propongo uno de la UNESCO:

https://www.unesco.org/es/articles/nuevo-informe-regional-de-la-unesco-revela- brechas-persistentes-en-la-educacion-inclusiva-para

Quieren otro informe del Banco Mundial que nos hable de las inequidades y barreras que sufren las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe, porque también lo tenemos:

https://www.bancomundial.org/es/region/lac/publication/rompiendo-barreras Por falta de evidencias sin duda no es.

Pero la realidad es que terminamos en muchos casos con personas que tienen menos nivel educativo que el que podrían o tendrían que poder alcanzar; situación que les lleva a llegar en condiciones de mayor vulnerabilidad al mercado de trabajo y que por esa razón termina cobrando o teniendo menos ingresos y que además deben adquirir productos y servicios necesarios para su vida cotidiana a precios más altos que los que pagan las personas sin discapacidad.

Tenemos una triple vulneración de derechos y con un castigo final simbólico pero muy real, que es al que denomino como “impuesto a la discapacidad”.

Lo triste es que no es una penalización estatal, es una penalización económica y social

Podemos hablar y dibujarlo de la forma que quieran para que no suene tan duro, pero lamentablemente es la realidad que padecen a diario miles de compatriotas en nuestro país y en el mundo.

Llevado a cifras de nuestro país y en base al último Censo del año 2023, son unas

197.000 personas que padecen discapacidad grave y que muy fácilmente caen en la situación previamente descripta.

El tema está sobre la mesa, mencionarlo y denunciarlo es correcto, pero tenemos que actuar.

Las obligaciones se las exigimos a todas las personas con discapacidad y prácticamente sin excepción.                                  Entonces garanticemos también sus derechos, porque solo en ese caso podremos hablar de una sociedad más justa e inclusiva.

Debe de quedar claro, una vez más, que no se trata de caridad, ni de asistencialismo; se trata de una situación de injusticia e inequidad social en la que todos de una manera u otra tenemos que ver, ya sea por omisión, desconocimiento, falta de sensibilidad o por la razón que gusten mencionar.

Podemos y debemos hacer al respecto para eliminar esta insensibilidad e inequidad social que afecta a muchas personas y no existe un único camino.

Tenemos por un lado las lógicas del mercado, pero también tenemos las lógicas estatales que pueden y deben fiscalizar, legislar e incentivar a la disminución de esta situación.

Si el estado no hace esa función termina siendo cómplice por omisión, que es una realidad que no se puede permitir.

Y no podemos olvidar las lógicas ciudadanas, donde todos podemos hacer la diferencia, porque todos de alguna u otra manera conocemos a una persona en forma directa, a un vecino o a una familia que deben lidiar con esta injusta situación.

“Seamos parte del cambio que queremos generar”.

¿Vos qué pensás hacer al respecto?, porque no te olvides de que toda acción suma.

Autor

Para contactar a Mag. Nicolas Raffo o conocer más sobre su trabajo, puede escribirle a Nicoraffo74@gmail.com o por LinkedIn Nicolás Raffo Menoni

Nota

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